La inclusuión indebida en ficheros de morosos fue la causa que originó el mayor número de sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en 2017, con un aumento muy considerable respecto a las cifras de un año antes. Así, el organismo aprobó 254 resoluciones sancionadoras, lo que representa el 30% de las impuestas en total. Le sigue la contratación fraudulenta, que representó el 15% de las multas (131 expedientes).
En total, según los datos contenidos en la Memoria 2017 que ayer presentó la AEPD, se adoptaron un total de 852 sanciones. Tras los ficheros de morosidad y la contratación irregular, la publicadad y la prospección comercial, la reclamación de deudas, la videovigilancia, los servicios de internet y el spam (o comunicaciones electrónicas comerciales) fueron las causas de un mayor número de expedientes que concluyeron en multa.
La Agencia recibió un total de 10.651 denuncias y reclamaciones de tutela de derechos (7.997 denuncias y 2.654 reclamaciones), lo que supone un ligero ascenso respecto al año anterior. Asimismo, ha logrado reducir el número de actuaciones que se encuentran en tramitación, que se aligeraron un 30% respecto a los datos de 2016.
El organismo que dirige Mar España destaca, además, el «incremento considerable» que en los últimos dos años se ha producido en relación a las denuncias planteadas con el tratamiento de datos en Internet. En 2015 fueron 557, mientras que el año pasado se elevaron a 762; un 37% más.
Telecomunicaciones
Las principales reclamaciones de los ciudadanos, según advierte la AEPD, están relacionadas con la suplantación de la identidad en la contratación de servicios de telecomunicaciones, que se concreta en la facturación de productos no contratados, el requerimiento de pago de los mismos y la inclusión en ficheros de morosidad por ese supuesto impago. En este sentido, más del 55% del importe global de las multas impuestas deriva de infracciones por listas de morosos y la contrataión rregular.
Entre los procedimientos de tutela de derechos, ocupa el primer lugar la cancelación o supresión de datos (744), seguidos de los referidos al acceso (376), la rectificación (37) y la oposición (51). Unas cifras que se complementan con las consultas de derechos, en las que el 43% fue sobre la cancelación y, específicamente, un 12% sobre el denominado derecho al olvido.
A través de los distintos canales, los ciudadanos hicieron llegar a la Agencia casi 256.000 consultas, lo que representa un 8% más que en 2016. Los temas más consultados están relacionados con los ficheros de solvencia patrimonial, la videovigilancia y las obligaciones de quienes tratan datos. El Canal Joven, área específica para atender a menores, padres y profesores, respondió 900 consultas.
La justicia respalda a la Agencia
La AEPD también destaca que en cuatro de cada cinco sentencias dictadas por la Audiencia Nacional que analizaban sus resoluciones se respaldó su criterio. «El porcentaje más elevado desde 2005, junto con 2016», expone el organismo. Además, en 2017 el Tribunal Supremo dictó dos inadmisiones de recursos planteados contra sentencias de la Audiencia Nacional en las que se confirmaba el criterio de la Agencia.
Por último, en relación al sector público se llevaron a cabo 69 procedimientos de infracción. De ellos, 30 correspondieron a la Administración Local, 20 a la autonómica, 17 a la Administración del Estado y dos a otras entidades de Derecho público. Las causas más destacadas fueron la publicación de datos desproporcionados en páginas web de entes locales, accesos indebidos a datos de terceros por parte de trabajadores públicos, incumplimientos de medidas de seguridad y prestaciones de servicios que incumplen requerimientos en materia de privacidad.
FUENTE: cincodias.elpais.com